El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó el recurso de la defensa del exprocurador que buscaba tumbar el proceso alegando fallos procesales; las audiencias de fondo continúan con fuerza.
Santo Domingo, RD, 6 de Julio de 2026.- Las pretensiones del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de desmantelar por la vía legal el juicio de fondo que se le sigue por el multimillonario desfalco del Caso Medusa, sufrieron un colapso definitivo en los tribunales. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó de manera categórica el recurso de nulidad interpuesto por la barra de la defensa del exfuncionario, ratificando la validez jurídica de todo el proceso y abriendo el camino para el desfile de pruebas que determinarán su culpabilidad o inocencia.
La defensa del principal imputado intentó frenar el juicio de fondo argumentando que supuestamente existieron vicios de fondo, violación a las garantías procesales y "vicios de nulidad absoluta" cometidos durante las fases previas de la investigación liderada por el Ministerio Público. Sin embargo, las juezas del tribunal determinaron que no se vulneraron los derechos fundamentales del procesado y que el auto de apertura a juicio se emitió en estricto cumplimiento de la normativa penal vigente.
Blindaje Técnico del Proceso Judicial
El dictamen del tribunal no solo representa un revés para Rodríguez, sino también un espaldarazo técnico para las estrategias de persecución de la corrupción administrativa presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Las magistradas determinaron que las incidencias presentadas por los abogados defensores pertenecen a valoraciones que deben ser debatidas directamente en la ponderación de las pruebas, y no como un mecanismo para tumbar el juicio antes de su conclusión.
Con este fallo, el Tercer Tribunal Colegiado reafirma la competencia del órgano judicial para juzgar el expediente Medusa, el cual contiene acusaciones de sobornos, lavado de activos, coalición de funcionarios y estafa contra el Estado dominicano por un monto que supera los 6,000 millones de pesos.
El tribunal ordenó la continuación inmediata del juicio de fondo, donde se espera que el Ministerio Público comience formalmente con la lectura detallada de la acusación y la posterior presentación de sus más de 3,500 elementos de prueba, tanto documentales como testimoniales. El exprocurador deberá permanecer en el banquillo de los acusados junto a los demás coimputados que no se adhirieron a los acuerdos de culpabilidad, enfrentando penas que podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
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