El presidente desafía órdenes judiciales y a gobernadores, afirmando que usará la fuerza militar si la "gente muere" y lo "impiden actuar", intensificando la crisis de seguridad interna.
WASHINGTON D.C. 7/10/2025. - El presidente Donald Trump ha intensificado la tensión política y constitucional en Estados Unidos al confirmar su disposición a invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas del ejército en servicio activo dentro de ciudades lideradas por la oposición demócrata, en respuesta a protestas y disturbios persistentes.
La amenaza presidencial surge en un contexto de creciente conflicto con autoridades locales y el poder judicial, luego de que una prohibición judicial frenara un despliegue previo de la Guardia Nacional en una de estas ciudades.
El mandatario fue categórico al detallar las condiciones para activar este recurso legal, considerado uno de los poderes de emergencia más contundentes en EE. UU.
"Si tengo que invocarla, lo haré," declaró Trump. Y especificó: "Si muere gente y los tribunales, o los gobernadores, o los alcaldes, nos impiden actuar, por supuesto que lo haría. Tengo que asegurarme de que no muere gente. Tengo que asegurarme de que las ciudades son seguras."
El Poder "Casi Ilimitado" de la Ley de Insurrección
La Ley de Insurrección es crucial porque actúa como la principal excepción a la Ley Posse Comitatus (1878), que en condiciones normales prohíbe el uso de las fuerzas armadas federales en labores de aplicación de la ley civil.
Según análisis del Brennan Center for Justice, una vez invocada, esta legislación otorga al presidente un poder "casi ilimitado" para movilizar tropas para reprimir episodios de desorden civil, incluso sin la solicitud de un estado afectado o en contra de su voluntad.
Aunque es un estatuto que aglutina leyes desde 1792, su uso histórico ha estado reservado para crisis extremas, como:
- 1957: Cuando Dwight D. Eisenhower la invocó para proteger a estudiantes afroamericanos en Little Rock, Arkansas, durante la segregación escolar.
- 1965: Cuando Lyndon Johnson la usó contra la voluntad de un estado para proteger a activistas de derechos civiles en Alabama.
- 1992: Solicitada por California para responder a los disturbios de Los Ángeles tras el caso Rodney King.
La Batalla Judicial y el Peligro de Militarización
La actual administración ya ha enfrentado escollos judiciales. Los estados de California e Illinois (donde se encuentra Chicago) han recurrido a los tribunales, argumentando que la movilización militar del gobierno federal es ilegal al invadir sus competencias. El estado de Illinois afirmó que "no hay ninguna insurrección en Illinois" que justifique tal medida.
Organizaciones de derechos civiles han alzado la voz, proponiendo reformas al Congreso para limitar la ambigüedad de la ley y exigir autorización previa o, al menos, una revisión judicial inmediata de la decisión presidencial, ante el riesgo de que el despliegue militar se convierta en una herramienta de control político interno.
La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado que apelará la reciente prohibición judicial sobre la Guardia Nacional, reafirmando su intención de mantener la presión federal sobre las jurisdicciones que, a su juicio, no logran contener la violencia. El escenario deja abierta la posibilidad de que la próxima acción del presidente Trump sea la activación formal y sin precedentes de las fuerzas militares dentro de su propio territorio para imponer el orden.
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