Un contratista logra retener fondos del exalcalde y actual líder político, alegando el incumplimiento de una sentencia que ordena al Ayuntamiento pagar una deuda que data de gestiones anteriores a la suya.
SANTIAGO, R.D. 3/10/2025.- Una acción judicial de alto impacto ha sacudido el panorama político dominicano: un tribunal ordenó el embargo de las cuentas bancarias personales del exalcalde de Santiago y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez Durán. La medida coercitiva responde al supuesto desacato por parte del Ayuntamiento de Santiago de una sentencia que lo obliga a pagar una deuda millonaria a un contratista.
El embargo se ejecuta a solicitud del querellante, Franklin Martínez, quien reclama el pago de una deuda cuyo origen es aún más profundo, ligada a obras y servicios prestados al cabildo incluso durante la gestión municipal de José Enrique Sued en 2008. A pesar de que el monto total inicial del compromiso se ha manejado en torno a los RD$9.5 millones, el reclamo judicial incluye intereses y astreintes por el largo proceso de incumplimiento.
Una Deuda Histórica que lo Persigue
Lo más noticioso de este caso es que, a pesar de que la deuda no se originó en su mandato, Abel Martínez, como cabeza de la administración municipal en su momento y por el principio de continuidad del Estado, ha sido la figura afectada por la ejecución de la sentencia.
El propio exalcalde ha denunciado que estas acciones legales no solo han afectado las arcas municipales en el pasado, sino que ahora, incluso después de haber entregado el cargo en abril de 2024, los embargos a sus cuentas personales por casos que son de la institución municipal "no de su persona" se han repetido en al menos tres ocasiones.
El Precedente del Tribunal Constitucional
La batalla legal tiene antecedentes clave. En agosto de 2022, el Tribunal Constitucional (TC) ya había intervenido, ordenando al Ayuntamiento de Santiago que consignara en el presupuesto municipal una partida para cubrir capital e intereses de una condena civil a favor de un contratista, bajo pena de una astreinte de RD$5,000 por cada día de retardo.
Con este nuevo embargo a sus fondos personales, la parte demandante busca presionar el cumplimiento de la obligación histórica que el Ayuntamiento, a pesar de los fallos judiciales, ha rehusado pagar alegando, en su momento, inconsistencias en la figura del contratista como proveedor directo.
La noticia genera gran revuelo no solo por tratarse de un prominente líder político, sino por encender el debate sobre hasta qué punto las responsabilidades económicas de un cabildo pueden trascender al patrimonio personal de sus alcaldes.
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