El senador por el Distrito Nacional cuestiona los incrementos acumulados en peajes, transferencias bancarias y servicios, advirtiendo que erosionan el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El legislador de la Fuerza del Pueblo reaccionó de esta manera al anuncio oficial que incrementa el costo de los marbetes hasta en RD$1,000, una medida que, a su juicio, se suma a una cadena de gravámenes aplicados de forma gradual.
“¿Cuántas reformas fiscales más necesita este Gobierno? Porque, aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otra reforma fiscal por cuotas y sin avisarnos”, cuestionó Fernández al ponderar el impacto del nuevo costo en la circulación vehicular.
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| El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, durante sus declaraciones sobre el incremento de los impuestos y servicios. |
Fernández advirtió que la preocupación ciudadana no debe limitarse exclusivamente al impuesto vehicular, sino al efecto acumulativo de múltiples aumentos que reducen progresivamente el poder adquisitivo de la población. En ese sentido, recordó que los ciudadanos han tenido que absorber alzas considerables en los peajes viales —algunos elevados de RD60 a RD200— y mayores costos operativos en las transacciones bancarias, donde el impuesto asociado representa hoy un 33 % más que antes.
“Hasta para transferirle un dinerito a tu mamá tienes que pagar más. El problema es que aquí todo sube, menos la eficiencia del Gobierno”, expresó el representante congresual.
(Colocar la Foto Secundaria —identificada de izquierda a derecha como la segunda imagen de la galería (1003578252.webp), que ilustra el desglose de documentos fiscales y la fachada de la DGII—)
Pie de foto: Los incrementos en tasas, servicios y trámites oficiales generan una carga financiera adicional para los ciudadanos.
El congresista también llamó la atención sobre el encarecimiento del sector construcción, señalando que las mayores tarifas de supervisión técnica terminan trasladándose al precio final que pagan los compradores de viviendas. Del mismo modo, citó el incremento en el costo de la certificación de no antecedentes penales (papel de buena conducta), que pasó de RD600 a RD800, afectando un documento indispensable para la inserción laboral, así como el reajuste en la contribución especial para la gestión de residuos sólidos en el sector empresarial.
Para el senador, estos reajustes resultan contradictorios frente al crecimiento constante de las recaudaciones fiscales del Estado, lo que demuestra que el problema principal radica en la asignación y optimización del gasto público.
“¿Cuánto más tiene que pagar el dominicano para que el Gobierno aprenda a administrar lo que ya recibe?”, concluyó el legislador, insistiendo en que el impacto acumulado de estas medidas opera en la práctica como una reforma fiscal silenciosa.



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