Leidy Blanco califica la corrupción en el sistema de salud como "la más perversa" y advierte sobre el impacto de la impunidad en la confianza democrática.
SANTO DOMINGO, R.D. – La vocera e integrante del consejo directivo de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, solicitó que las investigaciones del Ministerio Público sobre el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNasa) incluyan tanto a administradores públicos como a clínicas, médicos, farmacias y laboratorios del sector privado.
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| Leidy Blanco, vocera de Participación Ciudadana, durante su participación en el espacio audiovisual 'Reseñas'. |
Durante su intervención en el espacio audiovisual Reseñas, Blanco enfatizó que la persecución contra el delito no debe quedarse en la fase de arrestos, sino avanzar hacia condenas judiciales firmes que frenen la impunidad.
“Todas las corrupciones son perversas, pero cuando tocan la salud, creo que es la más perversa que hay”, sostuvo la dirigente cívica al referirse a la gravedad de comprometer fondos destinados a la atención médica de la población.
La representante del movimiento no partidista consideró inaceptables los señalamientos de la investigación denominada SeNasa 2.0, los cuales revelan supuestos procedimientos médicos innecesarios y la no entrega de tratamientos requeridos a pacientes en condición de vulnerabilidad.
Abstención y desconfianza política
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| La dirigente cívica plantea la necesidad de reformar el financiamiento político y fiscalizar la calidad de la inversión en salud y educación. |
En el ámbito político, Blanco señaló el abstencionismo electoral como uno de los mayores desafíos para los comicios de 2028. Vinculó la falta de participación con el incumplimiento de promesas de campaña y con las asistencias estatales temporales que se intensifican únicamente en los periodos previos a las votaciones.
A pesar de sus observaciones, defendió la vigencia de los partidos políticos como pilar del sistema democrático. Además, informó que Participación Ciudadana promueve reformas orientadas a regular el financiamiento de campañas, garantizar la equidad de género en los cargos electivos e impulsar espacios reales para la juventud.
Fiscalización de la inversión educativa
Respecto al sector educativo, la vocera consideró necesario mantener la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero instó a fiscalizar la calidad del gasto y su impacto directo en las aulas.
Abogó por despolitizar el sistema de enseñanza pública y revisar los métodos de evaluación docente, argumentando que el dominio de una materia no garantiza las competencias didácticas para el aprendizaje de los alumnos.
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