El movimiento cívico califica de "incomprensible" el auto de no ha lugar y advierte que el fallo del juez de la instrucción debilita la lucha contra la impunidad en la República Dominicana.
Santo Domingo, RD, 13/07/2026.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), lanzó un demoledor cuestionamiento contra el sistema judicial al afirmar de manera categórica que los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta debieron ser enviados de forma obligatoria a un juicio de fondo para responder por las graves imputaciones de corrupción administrativa en el denominado Caso Calamar. La organización calificó la reciente decisión judicial que los favoreció como un retroceso alarmante que debilita el régimen de consecuencias en el país.
A través de una contundente declaración pública, el consejo directivo de la entidad cuestionó el dictamen emitido por el juez de la instrucción, quien dictó un auto de "no ha lugar" en favor de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Para Participación Ciudadana, el voluminoso expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público contenía los elementos probatorios y presupuestos jurídicos más que suficientes para que un tribunal colegiado evaluara la culpabilidad o inocencia de los encartados en un debate abierto y público.
Un golpe al corazón de la lucha contra la corrupción
El pronunciamiento de la entidad fiscalizadora incrementa de inmediato la presión sobre el aparato judicial y respalda la postura de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), órgano que ya anunció que apelará el controvertido fallo. PC recordó que el Caso Calamar involucra una sofisticada estructura que presuntamente desfalcó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos mediante expropiaciones irregulares de terrenos estatales y el financiamiento ilícito de campañas políticas.
"Resulta incomprensible y preocupante para la sociedad dominicana que ante un entramado de la magnitud del Caso Calamar, donde se han admitido culpabilidades y devuelto fondos millonarios por otros coimputados, los principales señalados políticos queden excluidos del banquillo de los acusados", argumentó el movimiento no gubernamental.
Participación Ciudadana enfatizó que las decisiones que cierran los procesos por corrupción en las fases preliminares, sin permitir el desfile público de las pruebas, envían una señal desastrosa a la ciudadanía y erosionan la confianza en el Ministerio Público y los jueces. La organización instó a las cortes de apelación a actuar con estricto apego al derecho y a la transparencia para evitar que un caso de alta trascendencia social e institucional quede sepultado en la impunidad formal.
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