El Ministerio Público busca blindar la legalidad de sus operativos y proteger tanto a los ciudadanos como a sus agentes. La medida permitirá un registro digital inalterable de las intervenciones judiciales en todo el país.
SANTO DOMINGO, RD. 02/02/2026.- En un paso histórico hacia la modernización del sistema judicial, el Ministerio Público anunció que los fiscales empezarán a portar cámaras corporales (body cams) durante la ejecución de allanamientos y operativos de campo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la transparencia en los procesos y evitar cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades durante las intervenciones.
La implementación de estos dispositivos permitirá capturar audio y video en tiempo real, creando un registro digital que servirá como evidencia irrefutable ante los tribunales. Además, se busca reducir las denuncias de excesos o irregularidades que suelen surgir tras operativos complejos.
Transparencia y seguridad jurídica
El uso de estas cámaras no solo protege los derechos fundamentales de los ciudadanos intervenidos, sino que también salvaguarda la integridad de los fiscales y agentes frente a posibles acusaciones falsas.
- Registro inalterable: Las imágenes grabadas no podrán ser editadas ni borradas por los agentes, asegurando que la prueba llegue intacta al proceso judicial.
- Protocolo de uso: El personal ha recibido capacitación sobre el encendido obligatorio de los equipos desde el momento en que se inicia el acceso a los perímetros de allanamiento.
- Tecnología avanzada: Los dispositivos cuentan con visión nocturna y gran resistencia, ideales para operativos en condiciones de baja visibilidad o entornos hostiles.
Un avance contra la impunidad
Expertos legales consultados por NOTIDOM.COM coinciden en que esta medida fortalece el debido proceso. "La cámara no miente; esto elimina la zona gris de lo que sucede a puertas cerradas durante un allanamiento", indicó un jurista especializado en derecho penal.
Esta nueva política de seguridad se suma a otros esfuerzos de digitalización dentro de la Procuraduría General de la República, buscando que cada paso de la investigación criminal sea trazable y auditable por las instancias correspondientes.




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