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| Los administradores de Barra Payán son conducidos por pasillos judiciales, custodiados por agentes, tras conocerse la medida de coerción este 11 de febrero. |
La justicia dominicana impuso medidas cautelares a los directivos del emblemático establecimiento tras ser vinculados a un presunto fraude millonario. El Ministerio Público continúa las investigaciones para determinar el alcance total de las irregularidades financieras.
SANTO DOMINGO, RD. 12/02/2026.- Un tribunal de instrucción del Distrito Nacional dictó este miércoles medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país contra los administradores de la reconocida sandwichería Barra Payán. La decisión judicial surge tras una acusación formal por un presunto fraude financiero que ha sacudido la opinión pública debido a la tradición de este negocio en la capital dominicana.
El Ministerio Público presentó ante el juez los elementos de prueba preliminares que vinculan a los ejecutivos con maniobras fraudulentas, solicitando restricciones que garanticen su permanencia en el proceso mientras se profundizan las pesquisas.
Detalles de la medida judicial
La audiencia, que captó la atención de diversos sectores, concluyó con la aplicación de las siguientes restricciones:
- Presentación periódica: Los imputados deberán acudir ante la fiscalía en fechas establecidas para firmar el libro de asistencia.
- Impedimento de salida: Se notificó de inmediato a la Dirección General de Migración para evitar que los procesados abandonen el territorio nacional.
- Garantía económica: Además de las restricciones de movilidad, el tribunal fijó fianzas para asegurar la continuidad de los administradores en el expediente judicial.
Un golpe a la tradición
Barra Payán es uno de los establecimientos de comida rápida más icónicos de Santo Domingo, con décadas de operación ininterrumpida. La noticia del presunto fraude ha generado sorpresa entre sus clientes habituales y la comunidad empresarial.
Hasta el momento, la defensa técnica de los administradores ha manifestado que probará la inocencia de sus representados durante la etapa de instrucción, alegando que se trata de confusiones administrativas y no de actos criminales premeditados. Por su parte, el órgano persecutor afirmó que cuenta con registros contables y testimonios que sustentan la acusación de irregularidades millonarias en perjuicio del patrimonio corporativo y el fisco.



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