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Evaluación de Daños. El presidente Luis Abinader (centro) supervisa las áreas devastadas por el huracán Melissa, una de las razones detrás de la emisión del Decreto 627-25, que declara la emergencia nacional para acelerar las compras y la reconstrucción. |
Mediante el Decreto 627-25, el Poder Ejecutivo autoriza a 23 instituciones a realizar compras y contrataciones aceleradas por 30 días. La medida busca reparar daños a acueductos, infraestructura eléctrica y viviendas en el Distrito Nacional y 14 provincias afectadas.
La medida, oficializada mediante el Decreto 627-25, autoriza a un total de 23 instituciones del Estado a ejecutar procesos de contratación de manera acelerada, con una duración de 30 días, con el fin de garantizar una respuesta institucional y financiera rápida ante los cuantiosos estragos.
Respuesta Rápida en 15 Jurisdicciones
Esta declaratoria de emergencia abarca al Distrito Nacional y a catorce (14) provincias, la mayoría en el sur y el este del país, que sufrieron el impacto directo del fenómeno atmosférico. Las provincias bajo esta medida incluyen: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.
El objetivo principal es restaurar servicios vitales, como el agua potable, que fue afectado en más de un millón de usuarios tras el colapso o daño de decenas de acueductos, así como la infraestructura eléctrica y las vías de comunicación afectadas por deslizamientos e inundaciones.
Instituciones Clave y Transparencia
Entre las entidades habilitadas para realizar las compras de emergencia bajo el amparo del Decreto 627-25 se encuentran ministerios fundamentales como Salud Pública, Educación, Agricultura e Interior y Policía, además de organismos operativos esenciales como la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y las distribuidoras (Edeeste, Edenorte y Edesur).
El Poder Ejecutivo ha enfatizado que todos estos procesos de compras y contrataciones deberán ejecutarse "en estricta observancia de los principios de necesidad, razonabilidad y supremacía del interés general," de conformidad con la Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La decisión del presidente Abinader se da en el contexto de una agenda intensa de trabajo en las provincias más afectadas, como San José de Ocoa y Barahona, donde ha estado supervisando personalmente los daños y ordenando la asistencia inmediata a las comunidades.
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