Wilson Camacho, titular de Persecución del MP, usa la figura legal más grave para describir el operativo en la plaza comercial donde fueron abatidos los cinco hombres, agravando la crisis de credibilidad policial.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D. 3/10/2025.- El Procurador Adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público (MP), ha lanzado una acusación devastadora contra la Policía Nacional, al calificar la muerte de cinco hombres en un operativo en La Barranquita, Santiago, como una “ejecución extrajudicial”. Esta declaración, que representa la posición oficial del MP, dinamita la versión policial de un supuesto "intercambio de disparos" y profundiza la crisis institucional de seguridad.
El hecho, ocurrido el pasado miércoles en una plaza comercial de la zona, ha sido objeto de una investigación directa ordenada por la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, dada la gravedad del suceso.
Solicitud de Prisión contra 11 Agentes
En respuesta a la contundente calificación de Camacho, el Ministerio Público ha accionado legalmente, solicitando una medida de coerción que incluye 18 meses de prisión preventiva contra 11 agentes de la Policía Nacional implicados en el suceso. Los policías enfrentan cargos por presunta violación a los derechos fundamentales y comisión de homicidio voluntario.
Los fallecidos en el operativo fueron identificados por la Policía como: Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Las víctimas murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez.
La Gravedad de la Calificación Judicial
La figura de “ejecución extrajudicial” es la más grave dentro de la jurisprudencia de derechos humanos, implicando que las muertes no fueron accidentales ni en legítima defensa, sino un acto deliberado y planificado por agentes del Estado actuando fuera de la ley. Esta denuncia por parte de una alta autoridad del Ministerio Público subraya que la investigación maneja elementos probatorios sólidos que desmontan por completo el informe inicial de la uniformada.
La Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución están a cargo de recolectar las indagatorias necesarias para “determinar las circunstancias objetivas” del caso y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia, en lo que promete ser uno de los casos más mediáticos de la Costa Norte en el ámbito de los abusos policiales.



.jpg=w704-h396-p-k-no-nucanza-el.html)


0 Comentarios