Según el ministerio público, médicos y una alcaldesa pedánea habrían participado en la estructura dirigida por Máximo Mendoza, acusado de declarar muertos a vivos para burlar el sistema y dejar a las víctimas sin acceso a pensiones ni cuentas bancarias
Valverde, RD – 24 /09/ 2025. El Ministerio Público reveló este martes los detalles del modus operandi de una supuesta red que dicen falsificaba actas de defunción en la provincia Valverde, un esquema encabezado por Máximo Mendoza, quien permanece bajo prisión preventiva, y que habría contado con la complicidad de varios médicos y una alcaldesa pedánea.
De acuerdo con la acusación, Mendoza simulaba vínculos familiares con personas vivas y, con la colaboración de profesionales de la salud, lograba que fueran declaradas fallecidas en centros médicos sin exámenes de rigor ni confirmación real de muerte. Posteriormente, gestionaba su registro en las oficialías civiles para formalizar actas de defunción.
El expediente señala que estas maniobras provocaron graves daños a las víctimas, quienes quedaron imposibilitadas de cobrar pensiones, recibir remesas, usar sus cuentas bancarias o realizar trámites civiles.
Tv y autoridades implicadas
La acusación alcanza a las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, además de la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta, quien habría emitido certificaciones falsas para avalar las supuestas muertes.
Según el MP, los galenos firmaban certificados de defunción colocando como causas enfermedades inexistentes, mientras que Uceta certificaba falsos decesos en su comunidad.
La investigación detalla que Mendoza, aprovechando la vulnerabilidad económica de sus víctimas, les ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, respaldados por beneficios sociales como la Tarjeta Solidaridad y Supérate. Cuando no podían pagar, procedía a declararlos falsamente fallecidos, consolidando así el fraude.
Medidas judiciales
El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde declaró el caso como complejo y dictó presentación periódica y prohibición de salida del país contra las médicas y la alcaldesa imputadas, mientras que el cabecilla, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva.
El Ministerio Público presentó un robusto expediente que incluye 48 pruebas documentales, 10 testimoniales y 28 materiales, señalando al Estado dominicano como una de las víctimas de esta red, junto a al menos siete afectados directos.
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